Diario Clarín – Fecha : 03 de Diciembre de 1999

La pelea por el control de un fondo de 360 millones de pesos que el Gobierno quiere ceder a la CGT tuvo ayer un inesperado giro político y judicial: la jueza del Trabajo Inés Gassibe declaró «inconstitucional e inaplicable» el decreto por el cual se transfirió la administración del Fondo de Obras Sociales a un ente tripartito, compuesto por la CGT, el Estado y los empresarios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Sala IV de la Cámara del Trabajo revocó una medida anterior de esa misma jueza que había suspendido ese decreto para dictar la sentencia definitiva. Como si faltaran problemas, la pelea también tomó un rumbo político: se trasladó al interior de la bancada justicialista, dado que la CGT cuestionó al titular de la Comisión de Presupuesto de Diputados, el justicialista Oscar Lamberto, porque mantuvo el Fondo Solidario dentro del Presupuesto, sin tomar en cuenta el decreto firmado por Carlos Menem.
«No sabemos por qué la propia bancada justicialista mantuvo el Fondo dentro del Presupuesto, cuando la decisión política es que ese dinero a partir del 1 de enero del 2000 debe ser manejado por un directorio autónomo», exclamó, contrariado, el mercantil Armando Cavalieri. La sentencia de la jueza Gassibe, que lleva el número 3884, cuestiona que el Gobierno haya dictado un decreto de necesidad y urgencia cuando está en pleno funcionamiento el Congreso, con el agravante de que se firmó en vísperas de las elecciones.

La resolución judicial hizo lugar así a una demanda presentada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y varios sindicatos y obras sociales, como la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA) y del Neumático (OSPIN). Ante esa presentación, días atrás, la jueza Gassibe había dictado una medida de no innovar, suspendiendo la aplicación del decreto. Pero como la CGT había impugnado esa suspensión, ayer la Cámara del Trabajo revocó ese primer fallo de la jueza Gassibe, dándole la razón a la CGT. Cavalieri adelantó que la CGT también apelará el segundo fallo de la jueza Gasssibe, por lo que se descuenta que la Cámara volvería a fallar a favor de la CGT. Al mismo tiempo el controvertido decreto abrió una fisura entre la CGT y el PJ.

Porque esa norma firmada por el Presidente Menem y todo su gabinete excluye, a partir del 2000, los recursos del Fondo Solidario del Presupuesto Nacional. Y los transfiere a un organismo compuesto de ocho directores: 4 por la CGT, 3 por el Estado y uno por el sector empresarial.

Como el decreto se firmó a fines de octubre, después de que Roque Fernández envió el proyecto de Presupuesto al Parlamento, para que tenga efectiva vigencia en el 2000 el PJ tendría que haber modificado ese punto, excluyendo los 360 millones del Presupuesto. Sin embargo, en el dictamen de la mayoría justicialista de la Comisión del Presupuesto, fimado la semana pasada, ese punto no fue modificado. Entonces si el Presupuesto del 2000 fuese votado como lo aprobaron los justicialistas, el decreto quedaría anulado por una decisión legislativa del propio PJ. Ahora, la CGT reclamará al bloque del PJ que se cambie ese punto del dictamen. Y no descartan una movilización al Congreso si no se accede al pedido.

Roque, al ataque

Roque Fernández dijo ayer en Seatle, EE.UU., que «el sistema actual de coparticipación es perverso, porque quienes gastan la plata no pagan el costo político de recaudarla. Si generaliza el IVA, el Presidente va a recibir las críticas, y las provincias la plata. Frente a la DGI, intendentes y gobernadores se alían con los evasores para no pagar».

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