Armando Cavalieri

Secretario General

Diario BAE – Fecha : 3 de Diciembre de 1999

El designado ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, tiene prácticamente decidido que impulsará la prolongación del plazo del contrato laboral a prueba para llevarlo de uno a tres meses. De esta manera, el gobierno de la Alianza intentará volver atrás con la reforma laboral de Erman González, al menos en uno de sus aspectos, ya que el régimen de prueba quedaría tal como regía antes de la sanción de la ley 25.013.

Días atrás, había trascendido que una norma similar formaría parte de una serie de medidas tendientes a facilitar las contrataciones laborales en las Pyme, pero fuentes de la Alianza dijeron ayer a BAE que la propuesta abarca a toda la actividad económica. Los técnicos entienden que, en cuestión de períodos de prueba, hay factores que tienen su peso, más allá de lo que el sistema aporte en cuanto a dar facilidades para contratar. De hecho, el plazo de tan sólo un mes siempre fue visto por los especialistas como demasiado corto -al menos en algunas actividades- para poder evaluar a un empleado.

Hasta funcionarios que trabajaron junto con el entonces ministro Erman González habían opinado que «técnicamente» no era conveniente la decisión de acortar el período, una medida que se tomó con el aval y bajo el impulso de la CGT.

En el equipo aliancista aún estudian si mantendrán o no la misma fórmula contractual descripta en la ley 25.013. La norma dispone que, por los trabajadores contratados a prueba, los empleadores deben pagar todas las cargas correspondientes a las obras sociales, al fondo de asignaciones familiares y a la cuota de la ART. En cambio, la empresa queda exenta de la contribución previsional, equivalente a 16% sobre el salario, y el aporte de 1,5% para el Fondo Nacional de Empleo.

Por eso, si se prolonga el período, las empresas ganarían no sólo en cuanto a tener un menor riesgo -la ventaja del sistema de contratos de prueba es que en ese plazo no se pagan indemnizaciones por despido-, sino que también tendrían un menor costo en las contrataciones.

La ley de reforma laboral prevé en realidad que el período de prueba puede extenderse hasta un máximo de seis meses por acuerdo de partes, mediante un convenio colectivo. Sin embargo, en este caso debe pagarse la totalidad de los aportes.

Informalidad

La medida no es la única que está en estudio en el equipo del designado ministro de Trabajo, pero sí es una sobre las que existe mayor seguridad respecto de que se tomará. Uno de los temas que más desvela a Flamarique es el del trabajo en negro, que alcanza a 40% promedio en todo el país.

Respecto de ese problema, se analizan dos tipos de medidas. Por un lado, se busca la forma de facilitar el régimen legal para las Pyme (se entiende que el problema es mayor en este sector y responde a dificultades tanto financieras como administrativas). Por otra parte, se intenta incrementar el control en las empresas, una tarea que resulta bastante difícil, máxime cuando el poder de policía está en manos de las provincias.

Modificaciones

Plazos. La ley 25.013 dispone un período de prueba de sólo un mes. Ahora se estudia extenderlo a tres meses.
Costos. Las empresas pagan la obra social, las cargas familiares y la ART, pero no el aporte previsional ni indemnizaciones por despido. La alianza si cambiará el régimen.
Aprobación. Los empresarios verían con satisfacción el cambio previsto.