Diario La Prensa – Fecha : 05 de Diciembre de 1999
Nunca antes como desde el 24 de octubre hasta hoy, las distintas entidades que agrupan a los gremios estuvieron tan movedizas por preocupadas ante la futura política del gobierno entrante y su relación con dichos nucleamientos. Tales idas y venidas no se deben a lo que debería ser la preocupación mayor de la CGT, del MTA y de la CTA, que es el desempleo. Obedecen a intereses que unos y otros tienen sobre importantes paquetes de dinero que dejarían de manejar o bien administraría otro pero con severo control del gobierno. Es sorprendente, a la vez, que ninguna de estas agrupaciones se hayan pronunciado contra el desempleo originado en los últimos tramos de la actual gestión, ni parte de sus salarios a esas organizaciones, hayan arrimado un plan para reactivar el mercado laboral.
Un ejemplo del ir y venir constante de estas agrupaciones se originó cuando una jueza laboral de primera instancia del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dejó en manos de la CGT, el gobierno y los empresarios el manejo del Fondo Solidario de Redistribución de aportes y contribuciones de las obras sociales, por un total de 360 millones de pesos. La CTA recurrió a la Justicia al quedar marginada de ese ente tripartito, mientras la CGT desea una rápida solución judicial, aunque también requiere una decisión política para que Cámara de Diputados excluya del Presupuesto 2000 esos 360 millones de pesos. Si esto último no ocurre, esa suma se mantendrá bajo la órbita del Ministerio de Economía y se le escurrirá de las manos un importante medio de poder a la CGT.
Pasado mañana Diputados tratará el Presupuesto 2000, que fue aprobado en comisión, con la base de la propuesta peronista. En ese proyecto no se excluyen los 360 millones, por pedido del Ministerio de Economía, lo que puso en alerta a la CGT, cuyos dirigentes amenazan con una movilización al Congreso para que los diputados accedan a su pedido.
La CTA entiende que la jueza hizo lugar al amparo declarando la inconstitucionalidad del decreto 1215/99, que daba a esos sectores el manejo del Fondo de los aportes y contribuciones de las obras sociales, con lo cual la medida determina la inaplicabilidad del decreto referido porque el Poder Ejecutivo no tiene justificativo para dictar dicha medida de necesidad y urgencia. Cabe también vislumbrar que el nuevo gobierno tendrá sus encontronazos con la CGT y algunas entidades aliadas, después de la edificante promesa del secretario general de la central obrera de que apoyaría al gobierno aliancista a solucionar los problemas sociales existentes. Pero parece que bajo determinadas condiciones, entre las cuales están siempre las Obras Sociales y la gran masa de dinero que manejan.
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